Proyectos de ordenanzas – Consulta pública

El municipio La Unión, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS U OBSERVACIONES

Las sugerencias u observaciones que al respecto desee formular podrá presentarlas:

  • En el Registro general de Documentos del Ayuntamiento de La Unión sito en la 1ª planta del Edificio “Casa del Piñón” en C/ Mayor, 55 o telemáticamente mediante la sede electrónica (launion.sedelectronica.es) .dirigidas a la tesorería del Excmo. Ayuntamiento de La Unión en el plazo de QUINCE DÍAS HABILES, señalándose de forma expresa que se refieren a la “Consulta pública previa, relativa a la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica del municipio de La Unión.
  • Mediante cualquier otra vía legal según lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.

Listado de Ordenanzas publicadas para su consulta pública:

Este Municipio según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, aquellas en materia de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

Además conforme el artículo 26. 2 b) se trata de un servicio mínimo que debe ser prestado por todos los municipios.

Se trata de un servicio gestionado de forma indirecta a través del contrato de concesión de los Servicios Públicos de Abastecimiento de Agua Potable a domicilio y Alcantarillado dentro del Término Municipal de La Unión adjudicado el 20 de julio de 2012. Los pliegos del mencionado contrato prevén la necesidad de revisión de precios por aplicación de la fórmula polinómica prevista en éstos.

En relación con esta cuestión, se abre la CONSULTA PÚBLICA prevista en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de “la Ordenanza municipal reguladora de la tarifa por servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de La Unión”.

Dicha consulta tiene como finalidad recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) ¿Qué problemas entiende Vd. que debería solucionar la ordenanza reguladora?
b) ¿Considera Vd. que en estos momentos resulta necesaria y oportuna la aprobación?
c) ¿Qué objetivos debería perseguir, a su juicio, la citada Ordenanza?
d) ¿Desea Vd. plantear otras soluciones alternativas de carácter normativo, o bien otro tipo de soluciones de carácter no normativo?

Las sugerencias u observaciones que al respecto desee formular, deberán presentarlas por alguno de los siguientes Cauces de participación:

  • En el Registro general de Documentos del Ayuntamiento de La Unión sito en la 1ª planta del Edificio “Casa del Piñón” en C/ Mayor, 55 o telemáticamente mediante la sede electrónica (launion.sedelectronica.es) .dirigidas a la tesorería del Excmo. Ayuntamiento de La Unión en el plazo de QUINCE DÍAS HABILES, señalándose de forma expresa que se refieren a la “Consulta pública previa, relativa a la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la tarifa por servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de La Unión”
  • Mediante cualquier otra vía legal según lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público obligan a adaptar a las mismas las Ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica. En este sentido, se puede entender que “administración electrónica” es el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las Administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas

Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas. La simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine en cualquier Administración pública. Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la Administración y el ciudadano.

Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes, etc.) tramitados y firmados electrónicamente; el archivo, filtrado por el Esquema Nacional de Seguridad, también será único y supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen. Desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, debiendo estar dotados todos los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo esencialmente.

En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, justifican la necesidad de la aprobación de la presente Ordenanza que tendrá por objeto regular la utilización de medios electrónicos en la organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de La Unión.

Considerando lo establecido en los preceptos de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se produjo con fecha 2 de octubre de 2016, que incorpora entre sus novedades, en el artículo 133 el incremento de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, destacando la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración , la opinión de los

ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación , los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En relación con esta cuestión, se abre la CONSULTA PÚBLICA prevista en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de la Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica del municipio de La Unión. Dicha consulta tiene como finalidad recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) ¿Qué problemas entiende Vd. que debería solucionar la ordenanza reguladora?

b) ¿Considera Vd. que en estos momentos resulta necesaria y oportuna la aprobación?

c) ¿Qué objetivos debería perseguir, a su juicio, la citada Ordenanza?

d) ¿Desea Vd. plantear otras soluciones alternativas de carácter normativo, o bien otro tipo de soluciones de carácter no normativo?